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Los republicanos de la Cámara de Representantes han presentado resoluciones con el fin de eliminar las normas de emisiones avanzadas de California.
Los republicanos de la Cámara de Representantes han presentado resoluciones con el fin de eliminar las normas de emisiones avanzadas de California, incluyendo el programa Advanced Clean Trucks y otras regulaciones sobre vehículos. Esta iniciativa se produce a pesar de que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) ha afirmado que el Congreso no tiene autoridad para revocar estas exenciones, las cuales han sido otorgadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
El 3 de abril, el representante John James, republicano de Michigan, presentó una resolución bajo la Ley de Revisión del Congreso (CRA) para eliminar la exención de la EPA para los camiones limpios avanzados. Ese mismo día, el representante Jay Obernolte, republicano de California, presentó otra resolución para revocar la norma de bajo NOx para vehículos pesados y el programa Advanced Clean Cars II. Esta misma medida también busca eliminar Advanced Clean Cars II en su totalidad.
Senadores opinan que las normativas de California podrían paralizar la industria nacional de fabricación de camiones
El congresista Kiley, en un comunicado, calificó las políticas del gobernador Gavin Newsom de ser una “afrenta a la libertad de los californianos” y una carga económica para el resto del país. Criticó el apoyo del gobierno de Biden a estas medidas, señalando que las resoluciones presentadas ofrecerían una oportunidad para “restaurar el sentido común.”
Por su parte, los senadores republicanos Shelley Moore Capito, Deb Fischer y Markwayne Mullin también presentaron resoluciones similares en el Senado, advirtiendo que las normativas de California podrían paralizar la industria nacional de fabricación de camiones. Fischer, en un comunicado, destacó que estas regulaciones elevarán los precios de los vehículos y afectarán a las familias de todo el país.
Sin embargo, las resoluciones enfrentan grandes desafíos legales. La GAO ha determinado en varias ocasiones que las exenciones otorgadas por la EPA no son “normas” bajo la Ley de Revisión del Congreso, lo que significa que no están sujetas a la CRA. La parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, también reforzó esta determinación, lo que refuerza la postura de la GAO.
Los camioneros se muestran a favor de eliminar las normativas de emisiones de California
Desde la perspectiva de los camioneros, la oposición a las normativas de California es especialmente fuerte entre los pequeños transportistas. La Asociación de Conductores Independientes Propietarios-Operadores (OOIDA), que representa a miles de camioneros independientes en todo el país, ha expresado su preocupación por los altos costos de los vehículos eléctricos y la falta de infraestructura adecuada para su carga. El presidente de la OOIDA, Todd Spencer, ha señalado que los camioneros de pequeñas empresas no ven a los vehículos eléctricos como una opción viable, debido a los costos elevados y la infraestructura insuficiente. Además, Spencer ha señalado que muchos camioneros han abandonado California en busca de mejores oportunidades debido a las estrictas regulaciones ambientales.
Otro punto de crítica para los camioneros es la normativa Omnibus de NOx (óxidos de nitrógeno), que se aplica a los camiones pesados. Los transportistas argumentan que estas regulaciones están elevando los precios de los vehículos nuevos y aumentando los costos de mantenimiento de los camiones que ya están en la carretera, lo que representa una carga adicional para los pequeños empresarios. Además, los transportistas temen que la implementación de estas regulaciones aumente aún más los precios de los productos y los servicios de transporte, lo que podría tener un impacto negativo en los precios al consumidor.
En resumen, la disputa sobre las normativas de emisiones de California y sus exenciones sigue generando fuertes debates en el Congreso. Mientras que los legisladores republicanos luchan por revertir estas regulaciones, los camioneros y otros sectores del transporte se oponen a las políticas que consideran una amenaza para su viabilidad económica, y esta situación podría derivar en acciones legales que definirán el futuro de estas políticas en todo el país.
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