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Aranceles del 25% a los sectores automovilístico, tecnológico y farmacéutico, reforma de los litigios con terceros en seis estados y proyecto de ley para eliminar el mandato del vehículo eléctrico de California.
Aranceles del 25% a las importaciones de automóviles, tecnología y medicamentos
El presidente Donald Trump anunció la posible imposición de aranceles del 25% sobre las importaciones de automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos. Trump señaló que estos aranceles podrían incrementarse significativamente durante el año, y que las empresas que establezcan fábricas en Estados Unidos estarían exentas de dichos aranceles, dando tiempo a las empresas para ajustarse.
Según información de Reuters, un arancel automovilístico del 25% tendría un impacto importante en la industria global, similar a la situación de 2018-2019, cuando Trump también amenazó con aranceles similares. Además, esta medida de aranceles podría tener repercusiones significativas en las relaciones comerciales internacionales, especialmente con países productores de automóviles como la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, que ya se habían enfrentado a aranceles en el pasado.
La imposición de tarifas adicionales podría intensificar las tensiones comerciales y generar represalias por parte de estos países, afectando no solo a la industria automotriz, sino también a otros sectores de la economía global. Al mismo tiempo, la propuesta de aranceles a productos farmacéuticos y semiconductores podría afectar a las cadenas de suministro globales, lo que incrementaría los costos para consumidores y empresas en Estados Unidos. El aviso formal sobre esta decisión será anunciado el 2 de abril.
Litigios por parte de terceros: aumentando la transparencia
La financiación de litigios por parte de terceros es un tema de creciente preocupación legislativa en varios estados de EE.UU. Este fenómeno implica que empresas externas financien demandas con grandes posibilidades de éxito, lo que puede complicar las negociaciones y aumentar el costo de los acuerdos. Muchos de estos casos están relacionados con incidentes comerciales, como los causados por camiones.
En respuesta a esta problemática, varios estados han tomado medidas para regular la financiación de litigios. Por ejemplo, Arizona y Georgia proponen leyes que exigen la divulgación de acuerdos de financiación y prohíben que los financiadores influyan en la estrategia o en los resultados del litigio. En Maryland, los proyectos de ley requieren detalles específicos y prohíben ciertos pagos a quienes refieran consumidores a financiadores externos. En Ohio y Oklahoma, las propuestas de ley buscan limitar la influencia de los financiadores y la intervención extranjera, protegiendo así la integridad del sistema judicial.
La Asociación de Conductores Independientes Propietarios-Operadores (OOIDA) respalda reformas que aumenten la transparencia sin obstaculizar la capacidad de los demandantes. La OOIDA destaca que los camioneros y las partes involucradas en su sector son frecuentemente sujetos de litigios costosos, financiados por terceros con fines de explotación. La regulación de la financiación de litigios está ganando terreno en todo el país, con un enfoque claro en aumentar la transparencia y evitar el abuso económico en el proceso legal.
Proyecto de ley para eliminar el mandato del vehículo eléctrico de California
El legislador Kevin Kiley inició el proceso para eliminar la iniciativa Advanced Clean Cars II, pocos días después de que la EPA remitiera al Congreso las exenciones de emisiones de los vehículos de California. Kiley calificó esta medida como un “mandato de California sobre vehículos eléctricos” y anunció su intención de presentar una resolución bajo la Ley de Revisión del Congreso (CRA) para disolverla.
La CRA permite al Congreso anular normativas importantes de agencias federales si se aprueba una resolución conjunta de desaprobación. Si se revoca una norma, la agencia no puede implementarla nuevamente sin la aprobación del Congreso. Kiley y otros opositores argumentan que los californianos deben tener la libertad de elegir sus vehículos sin la intervención de reguladores no electos.
Además, se esperan resoluciones similares para desmantelar Advanced Clean Trucks y la normativa Heavy-Duty Omnibus, ambas también relacionadas con la regulación de vehículos eléctricos y adoptadas por varios estados. Los grupos de transportistas han elogiado la revisión de estas normativas, señalando que no hubo suficiente debate público antes de su implementación.
El debate sobre estas normativas resalta la creciente preocupación por el impacto económico y la preparación de la industria del transporte para los vehículos eléctricos.
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