Los estados argumentan que carecen de la autoridad necesaria para evaluar dichas emisiones
Las medidas de desempeño en relación a las emisiones continúan generando debate, polémica y conflictos legales con la administración de Biden. Hace algunos meses, se reveló que varios estados estaban preparando una demanda para impugnar las disposiciones establecidas. Tanto los departamentos de transportes estatales como las organizaciones de planificación metropolitana se unieron para que los fiscales generales de 21 estados presentaran una demanda directa contra la Administración Federal de Carreteras (FHWA), su administrador Shailen Bhatt, el Departamento de Transporte de EE.UU. liderado por Pete Buttigieg, y el presidente Joe Biden.
En medio de un creciente debate, la recién implementada regla final de la FHWA agrega una medida adicional de desempeño de gases de efecto invernadero a las ya existentes medidas nacionales. Esta normativa insta a los Departamentos de Transporte (DOT) estatales y a las organizaciones de planificación metropolitana a establecer objetivos decrecientes para reducir las emisiones de CO2 generadas por vehículos en el Sistema Nacional de Carreteras. Los estados argumentan que carecen de la autoridad necesaria para evaluar dichas emisiones.
Según la regla, los DOT estatales y las organizaciones de planificación deben establecer y reportar estos objetivos para el primer periodo de cuatro años antes del 1 de febrero. Aunque la regla no especifica la magnitud de los objetivos, brinda flexibilidad a los estados para determinar metas apropiadas según las necesidades y prioridades de sus comunidades en materia de cambio climático y otras políticas. La FHWA evaluará los avances de los estados hacia el logro de estos objetivos.
La regla, que entrará en vigencia el 8 de enero, ha generado tensiones legales, ya que algunos estados cuestionan la autoridad de la FHWA para regular las emisiones de gases de efecto invernadero. En la denuncia, los estados señalan una norma similar derogada por la administración Trump en 2018, argumentando que la FHWA carece de la autoridad legal para imponer reducciones específicas de emisiones a nivel estatal.
El fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, lidera la oposición, acusando al presidente Biden de imponer su agenda climática a través de acciones inconstitucionales de agencias administrativas. La demanda también alega que las medidas de desempeño en emisiones afectarán de manera desproporcionada a los estados con áreas rurales, señalando que aquellos con mayores millas anuales por conductor tienden a ser más rurales.
La denuncia cuenta con el respaldo de fiscales generales de otros 20 estados, marcando un desafío legal significativo a las medidas implementadas por la administración actual. La situación promete continuar generando controversia y atención nacional en los próximos meses.
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