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El Departamento de Transporte (DOT) lanzó un operativo histórico para depurar el sistema de formación de conductores profesionales, removiendo de inmediato a casi 3.000 centros de entrenamiento para licencias comerciales (CDL) y notificando a otros 4.500 proveedores que podrían enfrentar sanciones si no acreditan cumplimiento en un plazo de 30 días.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) anunció un operativo sin precedentes para depurar el sistema de formación de conductores profesionales, con la remoción inmediata de casi 3.000 centros de entrenamiento para la obtención de licencias comerciales (CDL) y la advertencia a otros 4.500 proveedores que podrían enfrentar sanciones similares si no demuestran su cumplimiento en un plazo de 30 días.
La medida, impulsada por el secretario de Transporte Sean P. Duffy, forma parte del plan de la administración Trump para “cerrar cada eslabón de la cadena de prácticas ilegales” en la industria del transporte de carga, endurecer los controles sobre la capacitación obligatoria para nuevos choferes y reducir el número de conductores que acceden a una CDL sin la preparación adecuada.
Una revisión sin precedentes del Registro de Proveedores de Capacitación
El anuncio se formalizó en Washington D.C., cuando el DOT confirmó que la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) deslistó del Training Provider Registry (TPR) a casi 3.000 proveedores que “no cumplían con los estándares de preparación exigidos por el Gobierno de Trump”. Otros 4.500 fueron colocados bajo un régimen de notificación y revisión estricta.
El TPR es la base oficial que reúne a las instituciones habilitadas para impartir la Entry-Level Driver Training (ELDT), un requisito federal obligatorio para cualquier persona que busque una licencia CDL. El barrido de este año representa el primer paso de una auditoría integral sobre los 16.000 proveedores registrados, lo que significa que más del 40% de los centros de entrenamiento quedaron bajo la mira.
Según FMCSA, los motivos para la remoción incluyen:
Manipulación o falsificación de datos de entrenamiento.
Incumplimiento de estándares curriculares, condiciones de infraestructura o calificaciones del personal instructor.
Falta de registros completos, documentación deficiente o negativa a entregar información durante auditorías federales.
“Si no está dispuesto a seguir las reglas, no tiene lugar entrenando a los conductores comerciales de Estados Unidos. No toleraremos negligencia”, afirmó el administrador de FMCSA, Derek D. Barrs.
“Bajo Biden y Buttigieg dejaron entrar a actores peligrosos”
Duffy, quien lidera la ofensiva regulatoria de la administración Trump, responsabilizó directamente a la gestión anterior por la proliferación de escuelas y proveedores que operaban sin controles estrictos.
“Bajo Joe Biden y Pete Buttigieg, actores ilegales pudieron manipular el sistema y permitir que conductores no calificados inundaran nuestras carreteras. Su negligencia puso en riesgo a cada familia estadounidense, y eso termina hoy”, sostuvo el secretario.
El Gobierno argumenta que miles de nuevos choferes accedieron a una CDL sin dominar los conocimientos básicos de seguridad vial, maniobras, reglamentación federal o inglés funcional, especialmente en el caso de postulantes extranjeros.
Debate: ¿seguridad vial o política migratoria?
El operativo se produce en paralelo a otro frente de disputa: las nuevas restricciones que el Gobierno de Trump intenta aplicar para limitar qué inmigrantes pueden obtener una CDL. Aunque el DOT impulsó reglas más duras para exigir dominio del idioma inglés y otros requisitos adicionales, una Corte Federal de Apelaciones suspendió temporalmente la aplicación de estas medidas.
La tensión aumentó tras una serie de choques fatales que involucraron a camioneros nacidos en el extranjero, incluido un accidente en Florida en agosto que dejó tres víctimas fatales. Este tipo de casos fue ampliamente amplificado por medios conservadores, lo que generó presión política para reforzar los controles.
Sin embargo, críticos de la administración aseguran que no hay evidencia estadística de que los choferes inmigrantes —en proporción al total del sector— estén involucrados en más accidentes que los nacidos en EE.UU. y acusan al Gobierno de utilizar el discurso de seguridad vial como “una redada migratoria encubierta”.
Voces desde el sector: falta de entrenamiento, más allá del origen
Para algunos actores de la industria, la ofensiva federal era necesaria desde hace tiempo. Pawan Singh, propietario de una pequeña compañía de transporte en Virginia, señaló en una entrevista que “muchas escuelas están graduando conductores sin la capacitación suficiente para manejar un camión de 18 ruedas de manera segura”.
Pero también aclaró que el problema no es exclusivamente migratorio:
“Un conductor no entrenado es peligroso, haya nacido aquí o en otro país”, dijo Singh.
Qué deben hacer las escuelas notificadas
Los proveedores que reciban una notificación de remoción propuesta disponen de 30 días para presentar evidencia de cumplimiento. Durante ese período:
Sus nombres aparecerán en la TPR Proposed Removal List.
Deberán notificar a todos sus estudiantes actuales y futuros sobre la situación.
Si no demuestran conformidad, serán removidos definitivamente del registro y no podrán ofrecer formación habilitada federalmente.
Una industria en tensión y una fuerza laboral bajo presión
El anuncio llega en un contexto complejo: EE.UU. enfrenta un déficit estructural de choferes, un aumento de la demanda de transporte y un mercado laboral históricamente sostenido por inmigrantes.
Mientras continúa el debate político, se espera que la depuración de escuelas genere consecuencias inmediatas para miles de aspirantes a CDL que deberán buscar proveedores alternativos, posiblemente enfrentando mayores costos y listas de espera.
El DOT sostiene que la prioridad es la seguridad vial. Los críticos, en cambio, advierten que podría profundizar la escasez de conductores y afectar la cadena logística.
Lo que es claro es que la administración Trump está ejecutando el mayor endurecimiento regulatorio en la formación de choferes en más de dos décadas, y el sector del transporte —ya tensionado por desafíos laborales, tecnológicos y migratorios— enfrenta una nueva etapa de cambios drásticos.
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