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Se ha propuesto una nueva legislación para sancionar a los agentes que contraten a transportistas con antecedentes de infracciones.
El 18 de diciembre, el representante republicano John Moolenaar de Michigan, presentó el proyecto de ley H.R. 6884, que busca aumentar la responsabilidad de los agentes e intermediarios de transporte en la selección de transportistas, mediante la imposición de una multa del 10% a quienes contraten empresas con tres o más infracciones en un periodo de cinco años.
La iniciativa, denominada “Ley de Seguridad de los Agentes de Transporte Patrick y Barbara Kowalski”, surge tras la muerte de dos residentes de Michigan en un accidente ocurrido en 2022, en el que estuvo involucrado un transportista con múltiples infracciones en su historial. Según Moolenaar, la tragedia era evitable y la legislación pretende garantizar que la seguridad sea tomada en serio por todos los contratistas del sector del transporte de mercancías.
Ley de Seguridad de los Agentes de Transporte
El proyecto faculta a la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) para investigar a los agentes después de un accidente y para imponer requisitos operativos a aquellos que hayan actuado con “desprecio flagrante por la seguridad” al contratar a un transportista involucrado en un siniestro. Asimismo, ordena que las sanciones civiles recaudadas se destinen a financiar proyectos e infraestructuras que mejoren la seguridad vial.
De aprobarse y aplicarse, la recaudación podría ser considerable, ya que la mayoría de las empresas de transporte de tamaño significativo acumulan tres o más infracciones en sus registros públicos. Además, mientras el sistema CSA de la FMCSA solo muestra historiales de tres años, la ley propone evaluar un periodo más amplio de cinco años para aplicar las sanciones.
No obstante, la iniciativa ha generado críticas. Chris Burroughs, presidente de la Asociación de Intermediarios del Transporte (TIA), calificó la ley como “bienintencionada”, pero advirtió que podría resultar contraproducente. Según señaló, colocaría a los agentes en una posición insostenible al obligarlos a supervisar la seguridad del sector del transporte por carretera y aumentar su exposición a litigios a nivel nacional.
El debate surge en un contexto de mayor uso de plataformas de verificación de transportistas por parte de los corredores, impulsado por el aumento del fraude en los mercados de carga. Aunque la legislación podría beneficiar a pequeños transportistas y propietarios-operadores con historiales impecables, también podría incentivar la contratación de empresas con escasa información pública, lo que conlleva riesgos adicionales.
Un camino legislativo incierto
Burroughs también destacó las limitaciones del sistema actual de evaluación de seguridad, señalando que más del 92% de los transportistas no cuentan con una calificación de seguridad y que la FMCSA no ha realizado revisiones de cumplimiento para la mayoría de ellos. A esto se suman inconsistencias e imprecisiones en los datos del CSA, lo que, a juicio de la TIA, hace poco práctico y potencialmente ineficaz trasladar las responsabilidades de supervisión y aplicación de la ley a los intermediarios.
Además, el proyecto de ley aún enfrenta un camino legislativo incierto, ya que fue remitido al Comité de Transporte e Infraestructuras de la Cámara de Representantes sin co-patrocinadores, lo que podría dificultar su avance. Sin embargo, la propuesta reabre el debate sobre el papel de los intermediarios en la seguridad vial y sobre la necesidad de modernizar los sistemas federales de evaluación y transparencia del cumplimiento normativo en el transporte por carretera, un tema que cobra cada vez mayor relevancia ante el crecimiento del comercio y la presión por mejorar la seguridad en las carreteras estadounidenses.
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