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Estados adoptan medidas contra las protestas en las carreteras.
Los parlamentos estatales están debatiendo legislaciones sobre protestas en autopistas, con al menos seis estados adoptando medidas para disuadir tales manifestaciones en carreteras principales. La legislación federal también se ocupa del tema.
Dakota del Sur y Tennessee fueron pioneros en estas medidas, imponiendo penas de cárcel y multas significativas por bloquear el tráfico en autopistas. Texas y Florida siguieron con leyes similares, mientras que Iowa y Oklahoma otorgaron inmunidad civil a conductores que lesionen a manifestantes en ciertas circunstancias.
Dentro de los estados que han tomado medidas recientemente, se encuentra Arizona, donde el Senado aprobó el proyecto de ley SB1073, una legislación estatal que establece como delito menor de clase 2 el bloqueo del tráfico que genera «molestias o peligros,» un delito que podría ser castigado con hasta cuatro meses de cárcel.
Se propone que interferir deliberadamente con el tráfico en autopistas, puentes o túneles, o cualquier vía que conduzca hacia o desde un aeropuerto con al menos 25 vehículos o personas, conllevaría un cargo de delito grave de clase 6, con posibles multas y hasta un año de prisión. El proyecto de ley ahora pasa a la consideración de la Cámara de Representantes.
En Minnesota, el proyecto de ley HF1069 pretende convertir en delito menor grave obstruir el tráfico en autopistas, con penas que podrían llegar hasta un año de prisión y/o multas de hasta $3,000 dólares. El proyecto está siendo considerado por el Comité de Finanzas y Política de Seguridad Pública de la Cámara.
De la misma forma, en Nueva York el proyecto A8951 establece penas de hasta siete años de prisión para este tipo de delitos. Esta iniciativa legislativa surge en respuesta a protestas recientes que interrumpieron el tráfico en varios puentes y un túnel en la ciudad. El proyecto está siendo considerado por el Comité de Códigos de la Asamblea.
Tennesse es otro estado que se une. El proyecto de ley HB2031/SB2570 busca aumentar las penas por obstruir intencionalmente una carretera o calle, elevándolas de un delito menor de clase A, a un delito grave de clase D. Esta última categoría conlleva una pena de dos a doce años de prisión y multas de hasta $5,000 dólares. El proyecto de ley está siendo considerado por el Comité Judicial del Senado y la Comisión de Justicia Penal de la Cámara.
Por último, en Washington un proyecto de ley bipartidista de la Cámara de Representantes busca poner fin de manera permanente a los bloqueos de autopistas que representan peligros y obstaculizan los desplazamientos diarios. El proyecto de ley HB2358 propone establecer un delito menor grave para quienes bloqueen el tráfico en una carretera estatal sin autoridad legal, con multas y/o tiempo en la cárcel como consecuencia. Además, se considerarían cargos de delito grave si la obstrucción causa riesgo de lesiones, impide el paso de una ambulancia o si los manifestantes se niegan a dispersarse ante una orden legal.
Además de los esfuerzos a nivel estatal para contener las protestas en las vías públicas, existe una propuesta a nivel federal en proceso, que busca convertir en delito federal la obstrucción, el retraso o la perturbación deliberada del comercio al bloquear una carretera o autopista pública. Aquellos que infrinjan esta ley podrían ser sentenciados a un máximo de cinco años de prisión.
Los partidarios argumentan que estas leyes garantizan la seguridad pública al mantener a los manifestantes alejados de las carreteras concurridas, mientras que los críticos, como la Unión Americana de Libertades Civiles, ven estas medidas como una violación de la Primera Enmienda.
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