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Las nuevas leyes sobre emisiones de California han provocado una demanda contra el Estado.
Las nuevas leyes de emisiones de California, que requieren que tanto las empresas dentro como fuera del estado informen sobre las emisiones de su cadena de suministro y sus esfuerzos de mitigación, le han costado una demanda al estado. Dicha demanda fue presentada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la Federación Estadounidense de Agricultura, la Asociación de Productores del Oeste y dos grupos empresariales californianos.
La acción legal argumenta que las leyes estatales obligan a miles de empresas a realizar declaraciones costosas y políticamente tensas sobre sus operaciones en California y en todo el mundo. Acusan a la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) de violar la Primera Enmienda al obligar a las empresas a hacer declaraciones controversiales y presionarlas para que sigan la agenda política del estado.
Las nuevas leyes de divulgación corporativa requieren que las empresas informen sobre las emisiones en toda su cadena de suministro, incluidas las emisiones indirectas, a pesar de que pueden ser difíciles de calcular con precisión. También exigen que las empresas informen subjetivamente sobre sus riesgos financieros relacionados con el clima en todo el mundo y sus estrategias de mitigación propuestas. Las leyes han generado críticas al intentar aplicarse a empresas de todo Estados Unidos y del mundo con operaciones mínimas en el estado, lo que es visto como un intento de establecer una norma nacional.
La legislación exige que las empresas cubran los costos administrativos de CARB mediante una tarifa anual, depositada en un nuevo «Fondo de Divulgación de Riesgos Financieros Relacionados con el Clima.» La CARB puede imponer sanciones administrativas de hasta $50,000 dólares por año por infracción de la ley.
La demanda argumenta que las pequeñas empresas de todo el país se ven obligadas a incurrir en importantes costos para monitorear e informar sobre emisiones a proveedores y clientes, incluso aquellos fuera del alcance de la ley, como granjas familiares miembros de la Federación Estadounidense de Agricultura (AFBF).
La demanda resalta cómo las nuevas facultades de CARB están afectando a empresas fuera de California en todo el país. Advierte que las leyes de California, que imponen costos y requisitos de cumplimiento obligatorios sobre las emisiones de gases de efecto invernadero tanto a empresas públicas como privadas, tendrán un impacto especialmente duro en las pequeñas empresas.
El senador estatal Scott Wiener, autor de la SB 253 y quien anunció su aprobación el año pasado, rechazó la demanda, argumentando que los costos y la implementación son accesibles para las empresas. Sin embargo, el año pasado, los legisladores californianos fueron advertidos sobre posibles desafíos legales en un análisis fiscal estatal. En septiembre, se discutieron las implicaciones de la SB 253 en el Comité de Normas del Senado estatal, señalando costos potencialmente significativos para el Departamento de Justicia del estado debido a litigios derivados de la ley.
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