La clasificación errónea de conductores de camión costó 2.77 millones de dólares para STG Logistics

La clasificación errónea de conductores de camiones como contratistas independientes continúa siendo uno de los mayores riesgos legales y financieros para las empresas del sector transporte. Un caso reciente refleja las consecuencias de esta práctica es el de STG Logistics, una empresa que acordó pagar más de 2.77 millones de dólares para resolver una demanda presentada por el estado de Nueva Jersey, relacionada con la clasificación indebida de cientos de conductores.

El origen del caso se remonta a 2019, cuando el Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) inició una investigación sobre las operaciones de XPO Logistics en Newark. En 2022, STG Logistics adquirió el negocio intermodal de XPO, heredando también la responsabilidad por las prácticas laborales que estaban siendo investigadas. 

Según las autoridades, la empresa continuó enfrentando las consecuencias legales derivadas de la forma en que los conductores fueron clasificados durante esos años. La investigación por parte del NJDOL concluyó que los operadores fueron considerados contratistas independientes pese a que la empresa ejercía un nivel de control incompatible con ese estatus laboral. 

La prueba ABC: el criterio para determinar la relación laboral

El caso gira en torno a la denominada prueba ABC, utilizada en Nueva Jersey para determinar si un trabajador puede ser clasificado legalmente como contratista independiente.  Bajo esta legislación, todo trabajador se presume empleado, salvo que la empresa pueda demostrar tres condiciones fundamentales:

• Que el trabajador actúa con independencia y está libre del control de la empresa.
• Que realiza actividades fuera del giro principal del negocio o fuera de sus instalaciones.
• Que cuenta con un negocio independiente que opera de manera autónoma.

De acuerdo con la demanda presentada por el estado, STG Logistics no logró acreditar ninguno de estos requisitos, por lo que los conductores debían ser considerados empleados conforme a la legislación laboral.

Las autoridades señalaron que, aunque los conductores debían adquirir y mantener sus propios camiones, la empresa conservaba un control significativo sobre la forma en que realizaban su trabajo.

Entre las prácticas identificadas durante la investigación destacan:

• Exigir que el nombre de la empresa apareciera en los camiones.
• Obligar a los conductores a arrendar sus unidades a la compañía para su uso exclusivo.
• Impedir que utilizaran los vehículos para prestar servicios a otros clientes sin autorización por escrito.
• Obligar a firmar contratos de contratista independiente sin posibilidad de negociación.
• Exigir la instalación de dispositivos GPS para monitorear los recorridos.
• Asignar las rutas de trabajo, supervisar las entregas y establecer las tarifas de pago.

Para el Departamento de Trabajo de Nueva Jersey, estas condiciones demostraban que los conductores operaban bajo la dirección y el control de la empresa, características propias de una relación laboral y no de un contratista independiente.

Un acuerdo por más de 2.7 millones de dólares

Como resultado de la conciliación, STG Logistics aceptó pagar al menos 2 millones 775 mil dólares. Del monto total, 2.22 millones de dólares serán distribuidos entre cientos de conductores afectados, principalmente como compensación por violaciones a las leyes de salarios y horas de trabajo. Los 550 mil dólares restantes serán destinados al estado de Nueva Jersey para cubrir multas laborales y aportaciones relacionadas con los fondos estatales de desempleo y discapacidad.

Los pagos beneficiarán a los operadores que trabajaron bajo la autoridad de transporte de STG desde el 1 de enero de 2017 y que fueron clasificados como contratistas independientes pese a cumplir funciones propias de un empleado.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es que STG Logistics había solicitado protección bajo el Capítulo 11 de la ley de quiebras durante este año como parte de un proceso de reestructuración financiera. Sin embargo, las autoridades estatales informaron que el acuerdo alcanzado tiene carácter prioritario dentro del procedimiento de quiebra, lo que garantiza que los trabajadores reciban la compensación antes que otros acreedores.

Además, el convenio establece que, si la empresa incumple cualquiera de las obligaciones pactadas, deberá pagar 7.5 millones de dólares adicionales en multas. STG Logistics deberá de cumplir plenamente con las leyes laborales en el futuro y proporcionar información periódica a las autoridades para verificar el cumplimiento de la normativa.

El caso de STG Logistics representa una advertencia para toda la industria del autotransporte. Clasificar incorrectamente a los conductores puede traducirse en años de litigios, sanciones económicas, pagos retroactivos y daños reputacionales que afectan directamente la estabilidad financiera de las empresas.