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El Departamento de Transporte de Estados Unidos responsabilizó al gobernador de California Gavin Newsom por permitir que un solicitante de asilo condujera un camión pese a las nuevas restricciones federales, lo que derivó en un siniestro vial que dejó tres muertos y dos heridos.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos responsabiliza al gobierno de Gavin Newsom por haber permitido la actualización de privilegios de manejo a un solicitante de asilo pese a la vigencia de nuevas normas federales, lo que derivó en un accidente que dejó tres muertos y dos heridos.
El caso abre un debate nacional sobre la seguridad vial, la emisión de licencias comerciales a extranjeros y la tensión entre regulaciones estatales y federales.
Un informe que sacude al gobierno estatal
Un informe del Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT), encabezado por el secretario Sean P. Duffy, sostiene que el Estado de California incumplió deliberadamente reglas federales sobre la emisión de licencias comerciales no domiciliadas. Como consecuencia, un conductor que no habría sido elegible bajo los nuevos criterios federales terminó involucrado en un accidente fatal.
Según el reporte, el Estado continuó actualizando licencias de conductores extranjeros sin aplicar los controles migratorios y documentales establecidos tras una directiva de emergencia emitida por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) el 26 de septiembre de 2025. Entre los casos revisados se encuentra el del conductor Jashanpreet Singh, un solicitante de asilo de 20 años que obtuvo inicialmente una licencia restringida el 27 de junio de 2025.
Hallazgos de la Auditoría Federal y la emisión de una regla de emergencia
El informe detalla que una auditoría reveló que aproximadamente uno de cada cuatro permisos comerciales otorgados a conductores no domiciliados había sido emitido de forma impropia, sin cumplir estándares federales de verificación.
Como resultado, la FMCSA emitió una regla de emergencia con endurecimiento de criterios y nuevas obligaciones para los estados. Entre los requisitos se estableció que los solicitantes de asilo no podían acceder a licencias comerciales no domiciliadas y que cualquier emisión, renovación o modificación debía estar condicionada a una verificación migratoria mediante el sistema federal SAVE. Además, se ordenó la identificación, revocación y reemisión bajo estándares actualizados de todas las licencias vigentes que no cumplieran los requisitos.
De acuerdo con el informe, California fue notificada formalmente en septiembre de 2025 sobre estas obligaciones y se le ordenó suspender la emisión y actualización de este tipo de permisos hasta garantizar su plena adecuación al nuevo marco federal. Sin embargo, el reporte sostiene que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) californiano continuó procesando modificaciones sin someter a los solicitantes a las nuevas condiciones regulatorias.
La cadena de decisiones que desembocó en la tragedia
El 15 de octubre de 2025, al cumplir Singh 21 años, el DMV eliminó la restricción denominada “K restriction”, que limitaba su licencia para operar únicamente dentro del estado. Esta actualización fue considerada por la autoridad federal como una “mejora sustancial de privilegios” que debía ser revisada bajo el nuevo estándar, lo que habría derivado en la revocación de la licencia debido a su condición de solicitante de asilo, incompatible con las nuevas normas.
Sin embargo, el DMV realizó el trámite sin aplicar la reglamentación de emergencia. Apenas seis días después, el 21 de octubre de 2025, Singh conducía un camión semirremolque bajo los efectos de drogas cuando chocó contra vehículos detenidos en una autopista californiana, provocando tres muertes y dejando a dos personas hospitalizadas. Para el USDOT, el accidente fue “totalmente prevenible si se hubiera cumplido con lo establecido por el gobierno federal”.
Declaraciones federales y denuncia de responsabilidades políticas
El secretario de Transporte Sean P. Duffy atribuyó de forma directa la responsabilidad al gobernador Gavin Newsom, afirmando que el estado permitió ignorar las reglas de seguridad vial nacional. En palabras del funcionario, “esto nunca habría ocurrido si Gavin Newsom hubiera seguido las nuevas reglas. California violó la ley y ahora tres personas están muertas y dos están hospitalizadas. Estas personas merecen justicia. Habrá consecuencias”.
El informe también señala que California fue advertida explícitamente de las deficiencias en su sistema de emisión de licencias comerciales, pero no tomó medidas inmediatas para corregirlas, a pesar de la naturaleza urgente de las indicaciones emitidas por la FMCSA.
Posibles consecuencias legales y regulatorias para el estado
La FMCSA otorgó a California un plazo de 30 días desde la notificación de no conformidad para auditar su sistema de emisión de licencias, identificar permisos otorgados irregularmente, revocar aquellos que no cumplan con los estándares federales y garantizar que toda actualización o renovación futura se ajuste a los procedimientos de verificación de elegibilidad. El incumplimiento podría derivar en sanciones regulatorias, recortes en competencias delegadas en materia de licencias comerciales y posibles acciones judiciales por negligencia o incumplimiento deliberado.
Un punto de inflexión para el debate nacional
El caso ya es citado como un factor determinante en el debate sobre los estándares de seguridad del transporte de carga, el acceso a licencias comerciales por parte de no ciudadanos y la relación entre políticas estatales de inmigración y regulaciones federales vinculadas a la seguridad pública. La tragedia del 21 de octubre ha generado interrogantes profundos sobre el equilibrio entre inclusión migratoria, cumplimiento normativo y responsabilidad gubernamental en la protección de la vida en rutas y autopistas.
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