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La administración de Trump anunció que prevé imponer un arancel del 25% a los camiones pesados fabricados fuera de Estados Unidos.
La administración de Trump recientemente ha anunciado que prevé imponer un arancel del 25% a los camiones pesados fabricados fuera de Estados Unidos, una medida que entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2025. Según explicó en una publicación en su plataforma Truth Social el pasado 25 de septiembre, el objetivo es proteger a los fabricantes estadounidenses frente a lo que calificó como una competencia desleal del exterior, fortaleciendo así la industria nacional, no solo en economía sino también en seguridad.
En abril, el Departamento de Comercio inició una investigación para evaluar los posibles efectos sobre la seguridad nacional de las importaciones de camiones. Aunque el anuncio de Trump no detalla qué clases de camiones estarán afectadas, este antecedente proporciona cierto contexto, sugiriendo que los aranceles podrían abarcar una amplia gama de vehículos y componentes dentro del sector.
La contradicción surge al considerar que fabricantes como Peterbilt, Mack Trucks, Freightliner y Kenworth fabrican tanto dentro como fuera de Estados Unidos, lo que podría generar consecuencias mixtas para las empresas que se busca proteger. Si bien se pretende restringir la entrada de camiones fabricados en el extranjero, estas compañías podrían enfrentar complicaciones en sus operaciones internacionales o en el abastecimiento de partes producidas fuera del país.
La ATA se opone al aumento de aranceles sobre los camiones pesados
La base legal de esta medida se encuentra en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, la cual faculta al gobierno a imponer aranceles si se determina que ciertas importaciones representan una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, la industria del transporte por carretera ha expresado abiertamente su oposición.
La Asociación Americana de Camiones (ATA, por sus siglas en inglés) ha manifestado su rechazo desde que surgió la posibilidad de imponer estos aranceles. En mayo, la organización expresó su preocupación por las posibles repercusiones económicas, advirtiendo que la medida podría debilitar aún más a un sector que ya enfrenta un entorno operativo complejo. Según declaraciones recogidas por Transport Topics, la ATA afirmó que no existe evidencia de que la importación de camiones pesados represente una amenaza real para la seguridad nacional.
Desde el punto de vista de la ATA, imponer aranceles sobre los camiones fabricados en México sería particularmente problemático. La asociación enfatizó que la producción de camiones en América del Norte está altamente integrada, y que limitar las importaciones desde un país vecino y socio comercial, como México, podría ser contraproducente. Además, recalcaron que la industria del transporte es extremadamente competitiva y opera con márgenes muy reducidos, lo que limita su capacidad para absorber costos adicionales.
Finalmente, la ATA advirtió que un arancel del 25% encarecería significativamente el precio de un camión nuevo. Un vehículo Clase 8, que actualmente cuesta en promedio $170,000 dólares, podría alcanzar los $224,000 dólares debido al impacto combinado del arancel y el impuesto federal. Según la asociación, este aumento de precios resultaría inasumible para la mayoría de las flotas, obligándolas a extender los ciclos de uso de sus camiones actuales, lo cual afectaría tanto la producción de vehículos nuevos como la fabricación de piezas, impactando negativamente a la economía norteamericana en general.
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