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El gobierno federal acusa al estado de “rebelarse” contra la ley y advierte que retendrá más de 40 millones de dólares destinados a seguridad vial.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT) anunció que retendrá más de 40 millones de dólares en fondos federales al estado de California, tras determinar que las autoridades estatales no están haciendo cumplir los requisitos de dominio del idioma inglés para los conductores de camiones comerciales, conocidos como English Language Proficiency (ELP). La medida marca un nuevo capítulo en la creciente confrontación entre la administración federal y el gobernador Gavin Newsom, a quien Washington acusa de “obstaculizar deliberadamente la aplicación de la ley”.
El anuncio fue realizado el 15 de octubre de 2025 por el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien confirmó que la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) retendrá exactamente $40.685.225 correspondientes al Programa de Asistencia para la Seguridad de Transportistas (MCSAP), un fondo que los estados utilizan para financiar inspecciones en carretera, auditorías de seguridad, controles de tráfico y campañas de educación pública.
Una investigación que expuso incumplimientos sistemáticos
La decisión se apoya en una investigación de la FMCSA que reveló “fallas graves” en la aplicación de las normas de competencia en inglés por parte de California. Según el informe federal, entre el 25 de junio y el 21 de agosto de 2025, el estado realizó alrededor de 34.000 inspecciones que arrojaron al menos una infracción. Sin embargo, solo una de ellas incluyó una violación de ELP que resultara en la suspensión temporal del conductor.
Aún más preocupante para las autoridades federales, al menos 23 conductores con antecedentes previos de violaciones por ELP en otros estados fueron posteriormente inspeccionados en California, pero no se les aplicó sanción alguna. En otras palabras, el estado permitió que conductores comercialmente inhabilitados siguieran circulando por sus carreteras, lo que el USDOT considera una amenaza directa a la seguridad pública.
“En rebeldía contra la ley federal”
En un comunicado contundente, el secretario Duffy señaló:
“Este verano advertí a los estados que debían hacer cumplir los requisitos de inglés establecidos durante la Administración Trump o los cheques dejarían de llegar. California es el único estado del país que se niega a garantizar que los conductores de camiones puedan leer las señales de tránsito y comunicarse con la policía. Esto es una cuestión de seguridad fundamental que afecta a las familias estadounidenses en las carreteras del país”.
El funcionario también subrayó que “el dinero debería estar destinado a los hombres y mujeres de las fuerzas del orden en California, no a una administración que decide ignorar la ley federal”, y responsabilizó directamente al gobernador Gavin Newsom por “atarle las manos al gobierno federal” en materia de seguridad vial.
La tensión entre Washington y Sacramento se enmarca en un contexto más amplio de resistencia del gobierno californiano a las políticas federales recientes, particularmente aquellas impulsadas tras la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en junio de 2025, que reinstauró la obligación de suspender de inmediato a cualquier conductor de camión que no demuestre un dominio suficiente del inglés.
La raíz del conflicto: una orden ejecutiva y un viejo debate
La orden de Trump revirtió un memorando emitido en 2016 durante la administración Obama, que instruía a las agencias de tránsito a no descalificar automáticamente a los camioneros por deficiencias lingüísticas. Según la visión actual del gobierno federal, esa política fue “laxa” y “puso en riesgo la seguridad vial” al permitir que conductores que no entendían instrucciones básicas siguieran operando vehículos pesados.
Con la nueva orden, el requisito de inglés volvió a ser un “motivo de suspensión inmediata” (out-of-service violation) en caso de incumplimiento. La medida fue celebrada por asociaciones de transporte y sindicatos de camioneros que sostienen que la falta de comunicación en inglés genera riesgos en situaciones de emergencia o controles en carretera, pero rechazada por grupos proinmigrantes y por el propio estado de California, que la calificó como “discriminatoria y políticamente motivada”.
Un pulso político con impacto económico
California, Washington y Nuevo México fueron los tres estados advertidos por el USDOT en agosto de 2025. Sin embargo, solo California decidió mantener su posición de no aplicar la norma federal, argumentando que ya cuenta con su propio sistema de certificación lingüística y que “la competencia en inglés no puede ser utilizada como barrera laboral o como herramienta de persecución contra trabajadores migrantes”.
La retención de los más de 40 millones de dólares del programa MCSAP afectará directamente las operaciones de inspección de camiones, los controles de peso en ruta y las campañas de seguridad pública. Expertos señalan que, si la disputa se prolonga, podría impactar la seguridad de las carreteras y agravar la escasez de personal de control en un estado que concentra el mayor volumen de transporte de carga del país.
Para recuperar los fondos, el USDOT exige que California adopte y haga cumplir una ley estatal compatible con los requisitos federales de competencia en inglés, y que sus inspectores comiencen a evaluar este aspecto en cada control carretero, inhabilitando a los conductores que no lo aprueben.
Mientras tanto, el pulso político continúa. Para el gobierno federal, California está “en rebelión abierta” contra la ley. Para el gobernador Newsom, se trata de una defensa del derecho al trabajo y a la diversidad lingüística en el transporte. Lo que está en juego, más allá de los 40 millones retenidos, es una disputa simbólica por el control de las carreteras y por la definición misma de lo que significa ser un conductor “calificado” en Estados Unidos.
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