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Veinte fiscales generales demócratas demandan al Departamento de Transporte por condicionar fondos a políticas migratorias de Trump
Una coalición de 20 fiscales generales estatales, encabezada por California, presentó el 13 de mayo, una demanda federal contra el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) y su secretario, Sean Duffy, por vincular la asignación de fondos para infraestructuras con el cumplimiento de políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.
Presentada en un tribunal federal, la demanda acusa al DOT de amenazar con retener financiamiento esencial para proyectos de transporte si los beneficiarios no colaboran con las políticas migratorias de la administración Trump, una medida que los demandantes consideran ilegal y una extralimitación del poder ejecutivo.
Riesgo en la seguridad de los sistemas de transporte financiados por el DOT
El eje central de la demanda es una carta enviada el 24 de abril por Duffy a beneficiarios de fondos del DOT. En ella, el secretario advierte que el departamento solo desembolsará recursos federales a quienes “cumplan sus obligaciones legales,” incluyendo cooperar con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), evitar emitir licencias de conducir a personas indocumentadas, y no obstaculizar investigaciones migratorias.
Para los fiscales generales, esta exigencia es una violación directa de los estatutos federales que regulan el financiamiento del transporte, ya que no existe ninguna disposición legal que condicione la entrega de fondos a la aplicación de leyes migratorias civiles.
Los demandantes argumentan que la política constituye un intento del poder ejecutivo de asumir facultades del Congreso, que es el órgano constitucionalmente encargado de asignar fondos federales. El fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó que el presidente no cuenta con autoridad alguna para coaccionar ilegalmente a los gobiernos estatales y locales, para que utilicen sus recursos en la aplicación de la ley federal de inmigración. “Está tratando estos fondos, que no tienen nada que ver con la inmigración, como moneda de cambio. Pero esto no es un juego,” añadió Bonta.
El gobierno federal, a través de la carta de Duffy, sostiene que la negativa de algunos estados a cooperar con el ICE pone en riesgo la seguridad de los sistemas de transporte financiados por el DOT. Sin embargo, los fiscales generales advierten que la pérdida de estos fondos podría paralizar proyectos de infraestructura esenciales y comprometer la seguridad pública.
Batallas legales contra el Departamento de Transporte
Los estados firmantes de la demanda incluyen a Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin. Arizona y Carolina del Norte, aunque tienen fiscales generales demócratas, no se unieron a la querella.
Esta no es la primera batalla legal reciente contra el DOT. Apenas una semana antes, 16 fiscales generales demócratas y el Distrito de Columbia presentaron otra demanda, esta vez por la suspensión de fondos para infraestructura de carga de vehículos eléctricos, alegando que el Departamento tampoco tiene autoridad para reinterpretar leyes de asignación presupuestaria.
Ambas acciones legales subrayan una creciente tensión entre gobiernos estatales demócratas y la administración federal sobre el uso político de los fondos de infraestructura y la separación de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo.
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