Breves: seguridad en cruces ferroviarios, camiones autónomos en California y legislaciones de CDL

DOT busca eliminar cruces ferroviarios que pongan en peligro a usuarios 

El Departamento de Transporte planea invertir más de mil millones de dólares para la mejora de la seguridad en los cruces ferroviarios de todo Estados Unidos. Con dicha inversión se ajustarían los criterios del programa de subvenciones para la seguridad en los cruces y la eliminación de cruces ferroviarios.

El propósito es priorizar la seguridad, mejorar el acceso a los servicios de emergencia y mejorar la movilidad de personas y mercancías, según declaró el Departamento de Transporte de EE.UU. en un comunicado de prensa.  

Se destinarán fondos a proyectos que:

• Construyan pasos elevados o pasos subterráneos para evitar que los automóviles y los trenes se crucen
• Mejoren la tecnología de seguridad en los cruces
• Reubiquen las vías para cerrar un cruce a nivel
• Educen a los ciudadanos sobre cómo cruzar las vías del tren de manera segura

Las solicitudes para los proyectos elegibles deben presentarse antes del 8 de junio al USDOT. 

California abre la puerta a camiones autónomos con nuevas reglas

El estado de California aprobó una actualización normativa que permite por primera vez probar y operar camiones autónomos pesados en vías públicas. La medida elimina restricciones previas para vehículos de más de 10,001 libras y establece un sistema escalonado de permisos para su despliegue.

Según la actualización, las empresas deberán iniciar pruebas con conductor de seguridad, para avanzar a operaciones sin conductor, y finalmente solicitar autorización comercial. Deberán recorrer al menos 500,000 millas en vehículos pesados (y 50,000 en ligeros), además de presentar informes detallados sobre seguridad, software y operación.

La normativa obliga a estos vehículos a cumplir con todas las regulaciones estatales y federales, incluyendo paradas en estaciones de pesaje. También introduce mecanismos de control, como notificaciones de infracciones por parte de autoridades y mayores requisitos de transparencia en datos sobre fallas, frenadas bruscas o colisiones.

En materia de seguridad, se amplían las facultades de emergencia: autoridades locales podrán establecer zonas restringidas mediante geovallado, obligando a los vehículos a abandonarlas en un máximo de dos minutos. Además, solicita que las empresas puedan garantizar comunicación directa con servicios de emergencia y respuesta en menos de 30 segundos.

Algunas de estas disposiciones ya entraron en vigor, mientras que el resto se implementarán gradualmente en los próximos meses.

Pensilvania impulsa leyes más estrictas para conductores de camiones y licencias CDL

Legisladores de Pensilvania avanzan en una serie de proyectos para reforzar la seguridad vial, enfocándose en el dominio del inglés y en sanciones más severas para conductores y empresas que incumplan las normas.

Una de las principales propuestas (SB1295) obligaría a que todos los exámenes para obtener la licencia comercial (CDL), tanto teóricos como prácticos, se realicen exclusivamente en inglés. Actualmente, solo las pruebas prácticas se aplican en ese idioma. La medida busca garantizar que los conductores puedan leer señales y seguir instrucciones en carretera, alineándose con normas federales que durante años no se aplicaron con rigor.

La iniciativa surge también tras advertencias del gobierno federal, sobre el retiro de hasta $75 millones de dólares en fondos si el estado no corrige fallas en la emisión de licencias a conductores no residentes.

Otro proyecto (SB1296) endurece las sanciones por infracciones graves: contempla suspensiones de un año para primeras faltas y la inhabilitación de por vida para reincidentes. Asimismo, empresas y contratistas que empleen conductores no calificados podrían enfrentar multas de hasta $3,000 dólares.

En paralelo, el proyecto SB1294 apunta a eliminar las llamadas “fábricas de licencias CDL”. La propuesta permitiría al Departamento de Educación cerrar estos programas y elevar las multas de $2,500 a $25,000 dólares, aunque los operadores conservarían el derecho a audiencia.

Las medidas forman parte de una tendencia nacional, con otros estados adoptando normas similares tras el restablecimiento de sanciones federales. Los proyectos continúan su trámite en el Senado estatal.