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Aseguran que la normativa restringe gravemente su capacidad de trabajar y que los obliga a figurar como empleados
Una organización que representa a camioneros independientes busca reactivar su demanda contra una ley de California que, según afirman, les impide seguir operando en el estado.
De hecho, su abogado presentó argumentos ante un panel del Noveno Circuito, alegando que la normativa restringe gravemente su capacidad de trabajar.
Temor a sanciones
La Owner-Operator Independent Drivers Association (OOIDA), que defiende a los transportistas que manejan sus propios vehículos y negocios, sostiene que la Ley de la Asamblea 5 (AB5) está disuadiendo a conductores —especialmente a los que vienen de otros estados— de aceptar cargas hacia California, por temor a posibles sanciones legales.
AB5, vigente desde 2020, modifica la forma en que se clasifica a los trabajadores, obligando a muchas empresas a tratar a los contratistas independientes como empleados. Este cambio les da acceso a beneficios laborales como salario mínimo, pago de horas extra y otras protecciones.
¿Conflicto con normas federales?
Sin embargo, la OOIDA argumenta que la ley obliga a sus miembros a abandonar el modelo de negocio independiente, que les permite establecer contratos por cuenta propia y manejar su operación con autonomía.
Más allá del impacto sobre su actividad económica, la asociación también denuncia que AB5 entra en conflicto con normas federales, como la cláusula de comercio latente de la Constitución y la Ley de Autorización de la Administración Federal de Aviación de 1994, que limita la intervención estatal en el transporte interestatal.
La excepción: dicen que no alcanza
California ofrece una excepción denominada «de negocio a negocio» (B2B), pero la asociación asegura que la mayoría de sus miembros no puede calificar. Esto se debe a que la normativa federal, específicamente las reglas conocidas como “Truth in Leasing”, exige que las empresas de transporte tengan control exclusivo sobre los vehículos utilizados en operaciones interestatales, lo cual contradice el requisito de AB5 de que los contratistas trabajen sin supervisión directa.
Paul Cullen Jr., abogado de OOIDA, explicó ante el tribunal: “El requisito federal de control exclusivo no puede conciliarse con la exigencia de AB5 de que el contratista esté libre de control. Son incompatibles.”
Los abogados del estado, por su parte, argumentan que los transportistas se oponen a la ley no porque les impida operar, sino porque no quieren asumir los costos adicionales que implica contratar trabajadores como empleados.
Empleados
Samuel Harbourt, del Departamento de Justicia de California, sostuvo que el hecho de que algunos conductores abandonen el mercado californiano no significa que la ley sea excesivamente gravosa. Aumentar los costos de cumplimiento no equivale a una violación de derechos, señaló.
Ante la pregunta de la jueza Consuelo Callahan sobre si algún transportista ha conseguido acogerse a la excepción B2B, Harbourt reconoció que no tenía certeza, aunque destacó que la exención es legalmente posible, aunque exigente.
OOIDA insiste en que AB5 excluye a los camioneros independientes, pero Harbourt respondió que eso no es cierto: la ley no los prohíbe, simplemente exige que sean clasificados como empleados.
"Truckers, especially those that are based outside of the state but drive into California for work, are avoiding taking their freight to California because they fear the long arm of the law’s enforcement of Assembly Bill 5."https://t.co/Ae7xO1YAL4
— Save Independent Work (@SaveIndWork) April 15, 2025
International Brotherhood of Teamsters
El sindicato International Brotherhood of Teamsters apoyó la postura del estado, señalando que los operadores pueden cumplir con ambas normativas —estatal y federal— si son empleados (recibiendo salario y compensación por el mantenimiento de sus camiones), o si obtienen su propia licencia operativa ante la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) y califican para la exención B2B, convirtiéndose en verdaderamente independientes.
“Lo que escucho es que técnicamente pueden hacerlo, pero nadie conoce a alguien que realmente lo haya logrado. ¿Esa sería una caracterización precisa?”, preguntó la jueza Callahan con escepticismo.
Tholin aclaró que no se trata de una exención que se solicite formalmente, sino que se aplica automáticamente si se cumplen ciertos criterios. Aun así, reconoció que la exención “es bastante limitada”.
“La industria, tal como la define OOIDA, se basa en el modelo de contratista independiente. Definen a los operadores arrendados como contratistas independientes, pero eso es una interpretación legal, y el estado tiene autoridad para definir quién califica según sus leyes laborales. Esos conductores aún pueden tener sus propios camiones y seguir manejando, aunque sea como empleados”, afirmó.
El panel judicial estuvo compuesto por las juezas del Circuito Roopali Desai y Ana de Alba —ambas designadas por el presidente Joe Biden—, junto con la jueza Consuelo Callahan, nombrada por el presidente George W. Bush.
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