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El DOT busca optar por la IA y el uso de análisis de datos avanzados para mejorar la precisión y la eficacia de las medidas de control.
El pasado 14 de enero se llevó a cabo la 105.ª reunión anual de la Junta de Investigación del Transporte (TRB), en Washington D. C., durante la cual se expuso uno de los nuevos planes del gobierno federal para su campaña nacional contra las licencias de conducir (CDL) no comerciales: el uso de inteligencia artificial (IA). Mediante la implementación de herramientas de IA, el gobierno planea identificar a las empresas de transporte que contratan a conductores extranjeros ilegales.
El subsecretario del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, Steven Bradbury, afirmó que su departamento y sus agencias modales buscan optar por la IA y el uso de análisis de datos avanzados para mejorar la precisión y la eficacia de las medidas de control, en cuanto a la expedición de CDLs no domiciliadas, y la contratación de conductores con estados migratorios pendientes.
Durante la TRB, Bradbury explicó cómo estas herramientas han sido de ayuda en la identificación de fraudes, por lo que podrían funcionar con la misma eficacia para detectar a las empresas que contratan a estos conductores. “Lamentablemente, esto está ocurriendo de forma muy extendida en el país y está perjudicando a los camioneros estadounidenses,” declaró Bradbury.
Políticas desreguladoras: ¿podría la IA ser el cambio?
En los últimos meses, el Departamento de Transporte y la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) han intensificado la presión sobre aquellos estados que no han actuado con rapidez frente a la iniciativa de la administración Trump de anular las licencias de conducir comerciales (CDL) otorgadas de manera irregular a conductores de camiones extranjeros. Según ambas agencias, esta falta de respuesta podría derivar en la retirada de la autoridad estatal para emitir licencias, así como en la suspensión de miles de millones de dólares en fondos federales destinados al transporte.
Durante su intervención pública, Bradbury presentó además un informe sobre la política desreguladora “10 por 1” impulsada por la administración, la cual establece que por cada nueva regulación significativa, definida como aquella que impone un costo igual o superior a 100 millones de dólares a la economía estadounidense, deben eliminarse diez regulaciones existentes.
En ese contexto, Bradbury señaló que, dentro del Departamento de Transporte, “el balance actual es de 78 acciones desreguladoras frente a cero nuevas normas significativas”.
Finalmente, Bradbury reafirmó el compromiso del Departamento de Transporte con la creación de un marco regulatorio para los vehículos autónomos. Recordó que este trabajo avanzó durante la primera administración Trump, pero quedó estancado posteriormente, lo que provocó “una especie de parálisis” en este ámbito durante cuatro años. Según indicó, la actual administración está retomando el tema, acelerando el proceso de exenciones para los vehículos autónomos y ofreciendo una orientación regulatoria más clara.
En general, la creciente dependencia del gobierno federal en la inteligencia artificial marca un cambio significativo en la forma en que se llevará a cabo la aplicación de la ley CDL y la supervisión del transporte en el futuro. Al combinar el análisis de datos impulsado por la IA con una agenda desreguladora agresiva, el Departamento de Transporte está señalando una estrategia dual: endurecer la aplicación de la ley contra los abusos percibidos y, al mismo tiempo, reducir las cargas regulatorias en otros ámbitos. A medida que aumenta la presión sobre los estados y las empresas de transporte por carretera, el éxito de este enfoque dependerá no solo de la eficacia de estas tecnologías, sino también de la claridad y coherencia con que se apliquen las nuevas normas de aplicación en todo el sector.
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