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La medida entrará en vigencia a partir del 9 de junio y suspende total o parcialmente la entrada a Estados Unidos de inmigrantes y no inmigrantes provenientes de países como Afganistán, Irán, Somalia, Venezuela, Cuba y Haití, entre otros.

El presidente Donald Trump firmó esta semana una nueva proclamación ejecutiva que reimpone restricciones migratorias a ciudadanos de 19 países, con el objetivo de proteger la seguridad nacional frente a amenazas terroristas y fallas en el intercambio de información consular.

El anuncio, que revive y amplía la política conocida como travel ban, genera preocupación entre expertos en comercio, transporte y logística por sus posibles efectos en la cadena de suministro y el movimiento de trabajadores internacionales.

Según el texto oficial de Casa Blanca, la medida entrará en vigencia a partir del 9 de junio y suspende total o parcialmente la entrada a Estados Unidos de inmigrantes y no inmigrantes provenientes de países como Afganistán, Irán, Somalia, Venezuela, Cuba y Haití, entre otros.

Empresas logísticas y de transporte

 

El endurecimiento de las políticas migratorias impacta de lleno en el sector del transporte por varias razones: la primera es la creciente dependencia de conductores de origen extranjero, en especial en zonas con escasez crónica de mano de obra como Texas, Florida y Nueva Jersey.

“Muchas empresas emplean choferes con visas temporales o en proceso de regularización. Si no pueden ingresar nuevos trabajadores o renovar permisos, habrá una caída inevitable en la capacidad operativa”, advirtió un gerente de flota del área de Houston.

Además, la proclamación presidencial menciona como factores de riesgo los altos índices de sobreestadía de visas, la falta de documentación verificable y la cooperación insuficiente por parte de los países afectados.

Esto puede provocar que haya demoras en trámites vinculados a contratos de transporte internacional.

Donald Trump

Posible freno al comercio con países sancionados

La orden ejecutiva también impone restricciones a naciones que mantienen vínculos comerciales con empresas logísticas estadounidenses. Algunos de estos países, como Irán, Chad o Sudán, forman parte de circuitos de importación de materias primas, repuestos o textiles.

 La imposibilidad de tramitar visados de negocios, transporte o visitas técnicas complica operaciones con clientes o proveedores situados en esos territorios.

A nivel aduanero, se anticipan mayores tiempos de verificación y requisitos adicionales en materia de seguridad, lo que afectaría especialmente a los operadores que trabajan en rutas marítimas, aéreas y terrestres sensibles, como los cruces con México o las cargas provenientes de África y Medio Oriente.

Medida con fundamentos de seguridad, pero impactos económicos

En su proclamación, Trump justificó la medida afirmando que “es política de los Estados Unidos proteger a sus ciudadanos de ataques terroristas y de otras amenazas a la seguridad nacional”.

El documento señala que, tras un análisis coordinado entre el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y agencias de inteligencia, se identificaron deficiencias graves en los protocolos de control migratorio y de identidad en varios países.

La suspensión abarca tanto a inmigrantes como a no inmigrantes, afectando categorías comunes como visas B-1/B-2 (negocios/turismo), F (estudiantes), M (formación vocacional) y J (intercambios), salvo en casos excepcionales detallados por el gobierno.

Un escenario incierto para el transporte y la logística

Consultoras especializadas advierten que esta política llega en un contexto de fragilidad para el transporte estadounidense, con costos crecientes, escasez de operadores y una recuperación aún desigual tras la crisis del COVID-19 y los efectos globales de los conflictos internacionales.

El travel ban podría agravar las tensiones laborales y generar cambios en la planificación logística, la contratación de personal y las relaciones comerciales con países sancionados.

“El impacto no será inmediato, pero sí progresivo. Las empresas deberán revisar sus procesos migratorios, actualizar contratos de personal extranjero y repensar rutas o acuerdos con terceros países. Hay que anticiparse”, concluye un analista del sector.

 

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