Denuncian al Departamento de Transporte por vincular fondos a la política de inmigración

Riesgo en la seguridad de los sistemas de transporte financiados por el DOT

El eje central de la demanda es una carta enviada el 24 de abril por Duffy a beneficiarios de fondos del DOT. En ella, el secretario advierte que el departamento solo desembolsará recursos federales a quienes “cumplan sus obligaciones legales,” incluyendo cooperar con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), evitar emitir licencias de conducir a personas indocumentadas, y no obstaculizar investigaciones migratorias.

Para los fiscales generales, esta exigencia es una violación directa de los estatutos federales que regulan el financiamiento del transporte, ya que no existe ninguna disposición legal que condicione la entrega de fondos a la aplicación de leyes migratorias civiles.

Los demandantes argumentan que la política constituye un intento del poder ejecutivo de asumir facultades del Congreso, que es el órgano constitucionalmente encargado de asignar fondos federales. El fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó que el presidente no cuenta con autoridad alguna para coaccionar ilegalmente a los gobiernos estatales y locales, para que utilicen sus recursos en la aplicación de la ley federal de inmigración. “Está tratando estos fondos, que no tienen nada que ver con la inmigración, como moneda de cambio. Pero esto no es un juego,” añadió Bonta.

El gobierno federal, a través de la carta de Duffy, sostiene que la negativa de algunos estados a cooperar con el ICE pone en riesgo la seguridad de los sistemas de transporte financiados por el DOT. Sin embargo, los fiscales generales advierten que la pérdida de estos fondos podría paralizar proyectos de infraestructura esenciales y comprometer la seguridad pública.