¿Seguridad o privación? Legislaciones estatales en contra de protestas en autopistas

En Minnesota, el proyecto de ley HF1069 pretende convertir en delito menor grave obstruir el tráfico en autopistas, con penas que podrían llegar hasta un año de prisión y/o multas de hasta $3,000 dólares. El proyecto está siendo considerado por el Comité de Finanzas y Política de Seguridad Pública de la Cámara.

De la misma forma, en Nueva York el proyecto A8951 establece penas de hasta siete años de prisión para este tipo de delitos. Esta iniciativa legislativa surge en respuesta a protestas recientes que interrumpieron el tráfico en varios puentes y un túnel en la ciudad. El proyecto está siendo considerado por el Comité de Códigos de la Asamblea.

Tennesse es otro estado que se une. El proyecto de ley HB2031/SB2570 busca aumentar las penas por obstruir intencionalmente una carretera o calle, elevándolas de un delito menor de clase A, a un delito grave de clase D. Esta última categoría conlleva una pena de dos a doce años de prisión y multas de hasta $5,000 dólares. El proyecto de ley está siendo considerado por el Comité Judicial del Senado y la Comisión de Justicia Penal de la Cámara.

Por último, en Washington un proyecto de ley bipartidista de la Cámara de Representantes busca poner fin de manera permanente a los bloqueos de autopistas que representan peligros y obstaculizan los desplazamientos diarios. El proyecto de ley HB2358 propone establecer un delito menor grave para quienes bloqueen el tráfico en una carretera estatal sin autoridad legal, con multas y/o tiempo en la cárcel como consecuencia. Además, se considerarían cargos de delito grave si la obstrucción causa riesgo de lesiones, impide el paso de una ambulancia o si los manifestantes se niegan a dispersarse ante una orden legal.

Además de los esfuerzos a nivel estatal para contener las protestas en las vías públicas, existe una propuesta a nivel federal en proceso, que busca convertir en delito federal la obstrucción, el retraso o la perturbación deliberada del comercio al bloquear una carretera o autopista pública. Aquellos que infrinjan esta ley podrían ser sentenciados a un máximo de cinco años de prisión.

Los partidarios argumentan que estas leyes garantizan la seguridad pública al mantener a los manifestantes alejados de las carreteras concurridas, mientras que los críticos, como la Unión Americana de Libertades Civiles, ven estas medidas como una violación de la Primera Enmienda.