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El juez Roger Benítez dictaminó que la AB5 no viola la Constitución y que cualquier problema relacionado con ella debe ser abordado en el ámbito político
En 2019, California aprobó la ley AB5 para la clasificación de los trabajadores. La Asociación de Camioneros de California presentó una demanda, a lo que un tribunal de distrito respondió emitiendo una medida cautelar contra la aplicación de la ley en el sector del transporte por carretera, vigente hasta que el Tribunal Supremo de EE.UU. se negó a tomar el caso en junio de 2022.
Recientemente, tras años de una batalla legal, un juez federal de California ha emitido la decisión final, rechazando los argumentos de que la ley estatal de contratistas independientes debe ser excluida de la regulación de la industria del transporte por carretera. El juez Roger Benítez decidió dictaminar que la AB5 no viola la Constitución y que cualquier problema relacionado con ella debe ser abordado en el ámbito político.
Benítez desestimó el caso presentado por la Asociación de Camioneros de California y la Asociación de Conductores Independientes Propietarios-Operadores (OOIDA), junto con el fiscal general del estado y los Teamsters como demandados. Esta decisión contradice la orden preliminar dictada por Benítez en 2019 que mantuvo la AB5 fuera del sector del transporte por carretera durante varios años.
Argumentos y dictamen final sobre la AB5
La Asociación de Camioneros de California y la OOIDA argumentaron que la AB5 elimina el modelo de negocio del conductor contratista independiente y violaba las constituciones de EE.UU. y California, afectando a los conductores fuera del estado.
Benítez evaluó los argumentos sobre la superioridad de la Ley de Autorización de la Administración Federal de Aviación (FAAAA) sobre la AB5, pero determinó que la FAAAA no se opone explícitamente a la AB5. También rechazó la idea de una preferencia implícita en la FAAAA, indicando que los conductores pueden cumplir con ambas leyes federales y estatales. Además, descartó las preocupaciones del Congreso sobre la AB5, las cuales se centran en los precios, rutas y servicios de los transportistas, y no en la clasificación de los conductores.
Benítez se negó a emitir una nueva orden judicial y falló a favor del Estado en todas las demandas, incluso rechazando los argumentos de que la AB5 viola la Cláusula de Comercio, que protege el comercio interestatal libre de cargas indebidas y discriminación estatal.
La Asociación de Conductores Independientes Propietarios-Operadores expresó su desacuerdo con la sentencia de Benítez y está explorando todas las opciones para seguir adelante, incluida una posible apelación.
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